Colombia gana la demanda de Nicaragua en La Haya sobre el mar de San Andrés

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El Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ) ha fallado a favor de Colombia en el diferendo marítimo con Nicaragua en el mar Caribe. Nicaragua buscaba extender su plataforma continental más allá de las 200 millas marítimas que le corresponden, pero los jueces han rechazado esta pretensión. El fallo establece que no se puede extender la plataforma continental que se superponga sobre otro Estado.

El litigio se remonta a 1928, cuando se reconoció la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés mediante un tratado. Sin embargo, Nicaragua no reconoce la validez de dicho acuerdo y presentó una demanda en 2001. En 2012, el TIJ concedió a Nicaragua un área en el mar Caribe, pero confirmó la soberanía de Colombia sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En 2013, ambas naciones presentaron nuevas demandas relacionadas con los espacios marítimos.

El fallo actual rechaza por 13 votos a 4 la demanda principal de Nicaragua y también niega su derecho a ampliar la plataforma continental dentro de la línea base de las millas náuticas de San Andrés y Providencia. Con esta decisión, se define el mar territorial colombiano y se pone fin a un litigio que se prolongaba desde 2013.

El Gobierno de Nicaragua ha manifestado que respetará el fallo de La Haya, aunque celebró que el tribunal haya confirmado los límites marítimos establecidos en la decisión del 2012. Por su parte, Colombia considera esta resolución como un gran triunfo y destaca el logro diplomático jurídico en La Haya.

El fallo del TIJ es vinculante y de obligado cumplimiento. Con esta decisión, se establece la soberanía estatal sobre las aguas hasta 12 millas náuticas de la costa y se reafirman los derechos económicos y de recursos naturales hasta las 200 millas náuticas.

La disputa marítima entre Colombia y Nicaragua ha sido una controversia de varias décadas. A pesar de este fallo a favor de Colombia, la postura de inaplicabilidad del fallo de 2012 sigue siendo defendida por algunos en el país.

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