Siguen las conversaciones en la mesa de negociación sobre el salario mínimo en Colombia para 2024. Los representantes de los trabajadores, empleadores y gobierno exponen posturas encontradas sobre el monto del reajuste.

Con una inflación de 10,15% y una caída en productividad de 1% a noviembre de 2023, el panorama económico genera preocupación de cara a un acuerdo. Se esperaba una inflación menor al 10% y crecimiento en productividad para facilitar las tratativas.

El salario mínimo actualmente es de $1’160.000 pesos. Los sindicatos piden un incremento de 18%, equivalente a $208.800 pesos adicionales, para fijar el mínimo en $1’368.800 mensuales durante 2024.

Fabio Arias, presidente de la CUT, justificó la propuesta ante los medios. Plantea que esta medida activaría la economía al aumentar el poder adquisitivo y el consumo de los trabajadores.

«Presentamos un incremento de 18% acorde a indicadores macroeconómicos que exigen reactivar la economía con reducción de tasas de interés y aumento salarial como motor del consumo interno», afirmó Arias.

La propuesta de un 18% de aumento en el salario mínimo ha generado reacciones encontradas entre los diferentes sectores.

Por el lado de los trabajadores, los sindicatos insisten en que este incremento es necesario para recuperar el poder adquisitivo erosionado por la acelerada inflación de 2022 y 2023.

«Los trabajadores han sido los más golpeados por el alto costo de vida. Sus ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica, mucho menos otros gastos esenciales. Urge un reajuste significativo que reactive el consumo y la economía», declaró Manuel Salas, vocero de la CGT.

Desde la perspectiva empresarial, advierten que un alza excesiva en los salarios tendría efectos contraproducentes en el tejido productivo y en la sostenibilidad de las empresas.

«Incrementos desmedidos del salario mínimo afectarían la generación de empleo formal y la supervivencia de pequeñas empresas que actúan con márgenes reducidos», alertó Paola Cortés, directora de ANDI.

Por parte del Gobierno, buscan encontrar un punto intermedio entre las posturas antagónicas. Reconocen la necesidad de mejorar el ingreso de los trabajadores, pero sin poner en riesgo la reactivación económica.

«Estamos comprometidos con un acuerdo responsable y equilibrado, que proteja el poder adquisitivo de los colombianos sin presionar en exceso los costos empresariales. Seguiremos construyendo consensos en la mesa», afirmó la Ministra de Trabajo Irene Velásquez.

La expectativa está puesta en si el diálogo tripartito logrará destrabar las diferencias en las próximas reuniones pactadas. De no haber acuerdo, el Gobierno tendría potestad de aplicar un incremento por decreto.