El excanciller Álvaro Leyva Durán enfrenta una nueva sanción disciplinaria que, sumada a una anterior, elevaría a 26 años el período de inhabilidad para ejercer cargos públicos. La decisión se conoce en medio de su fuerte enfrentamiento político con el expresidente Gustavo Petro.
La Procuraduría General de la Nación habría sancionado al excanciller Álvaro Leyva Durán con destitución e inhabilidad general por 16 años, de acuerdo con un fallo fechado el 17 de julio de 2026 y divulgado por medios nacionales.
Según la información conocida, la decisión fue adoptada por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría, que declaró probado y no desvirtuado el cargo formulado contra Leyva en su condición de ministro de Relaciones Exteriores.
El nuevo proceso estaría relacionado con el incumplimiento de una sanción disciplinaria anterior, situación por la cual el Ministerio Público determinó imponer una nueva sanción.
26 años de inhabilidad.
La decisión adquiere especial relevancia porque se suma a la sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años que la Procuraduría confirmó en septiembre de 2025.
contra Leyva por las irregularidades relacionadas con la licitación para la fabricación y expedición de pasaportes.
En ese proceso, el Ministerio Público concluyó que Leyva desconoció principios de la contratación estatal al declarar desierta una licitación cuyo valor estimado rondaba los 600.000 millones de pesos. La Procuraduría consideró que la decisión vulneró principios como transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva.
De esta manera, de quedar en firme la nueva decisión, Leyva acumularía 26 años de inhabilidad general, lo que, según el documento citado en los reportes periodísticos, lo mantendría impedido para ejercer cargos públicos hasta aproximadamente 2052.
¿Por qué se produjo la nueva sanción?
El nuevo expediente tiene como elemento central el presunto incumplimiento de una decisión disciplinaria previa.
La Procuraduría ya había formulado cargos contra Leyva por haber continuado ejerciendo funciones en la Cancillería después de una medida de suspensión. Según información publicada por Caracol Radio, el entonces canciller habría continuado ejerciendo funciones hasta el 6 de febrero de 2025, pese a una decisión que lo afectaba.
La nueva determinación disciplinaria, por tanto, se desarrolla de manera independiente al conocido caso de los pasaportes, aunque ambos procesos terminan afectando de manera considerable el futuro político y administrativo del excanciller.
El origen de la controversia por los pasaportes
El primer gran proceso disciplinario contra Leyva se originó en septiembre de 2023, cuando, como ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Gustavo Petro, decidió declarar desierta la licitación para la fabricación y expedición de pasaportes.
El proceso tenía un valor cercano a 600.000 millones de pesos y contaba con la participación de Thomas Greg & Sons, empresa que durante años había estado vinculada a la operación de los pasaportes colombianos.
La Procuraduría consideró que Leyva no tenía fundamento jurídico suficiente para declarar desierta la licitación y posteriormente decretar una urgencia manifiesta. En septiembre de 2025, el organismo de control confirmó en segunda instancia la destitución y la inhabilidad por 10 años.
Ruptura política con Gustavo Petro.
La situación disciplinaria de Leyva ocurre además en un momento de abierta confrontación con quien fuera su jefe político durante su paso por la Cancillería: el expresidente Gustavo Petro.
Después de romper con el Gobierno, Leyva se convirtió en uno de sus críticos más fuertes y ha publicado varias cartas y pronunciamientos en los que cuestiona las decisiones del exmandatario.
En julio de 2026, por ejemplo, Leyva volvió a acusar a Petro de obstaculizar el proceso de transición hacia el nuevo Gobierno y habló de una supuesta «operación de sabotaje» contra la administración de Abelardo de la Espriella.
El enfrentamiento también ha adquirido una dimensión internacional. Leyva ha llevado parte de sus denuncias a Estados Unidos y ha dirigido comunicaciones al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en las que plantea cuestionamientos contra Petro y solicita que se mantengan medidas estadounidenses relacionadas con el expresidente y su entorno.
Leyva todavía puede apelar:
La decisión de la Procuraduría no necesariamente representa el último capítulo jurídico del caso.
El excanciller y su abogado, William Felipe Saavedra Bermúdez, tienen la posibilidad de presentar el recurso de apelación dentro de los términos establecidos por la legislación disciplinaria. Por lo tanto, será necesario esperar el desarrollo de esa etapa para determinar si la sanción queda definitivamente ejecutoriada.
Un nuevo capítulo en la confrontación política.
La decisión contra Álvaro Leyva vuelve a poner al excanciller en el centro del debate político colombiano.
Su trayectoria, que incluye décadas de participación en procesos políticos y de paz y su paso por la Cancillería durante buena parte del Gobierno Petro, contrasta ahora con dos fuertes sanciones disciplinarias que podrían cerrar prácticamente su posibilidad de regresar a un cargo público.
Mientras avanza el proceso de apelación, el caso también adquiere una dimensión política por la ruptura entre Leyva y Petro y por las denuncias que el excanciller ha trasladado al escenario internacional.
En consecuencia, el futuro político de Álvaro Leyva queda ahora ligado no solamente al resultado de sus recursos jurídicos, sino también a una de las confrontaciones políticas más fuertes que ha protagonizado un exintegrante del Gobierno Petro contra el propio expresidente.
