Colombia escribe hoy un capítulo sin precedentes en su historia judicial y política. La jueza Sandra Heredia ha sentenciado con firmeza: “El soborno en actuación penal ha quedado acreditado”. La contundencia de sus palabras resuena no solo en la sala de audiencia, sino en cada rincón del país. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, figura central del uribismo, enfrenta el ocaso de su larga trayectoria política desde el lugar menos imaginado: el banquillo de los acusados.

Este veredicto, esperado desde hace años, marca un hito. Nunca antes un expresidente colombiano había llegado tan lejos en un proceso penal. Las acusaciones que lo señalan por soborno a testigos y fraude procesal han dejado de ser rumores de pasillo para convertirse en un hecho jurídico reconocido por la justicia ordinaria.

Uribe, quien siguió la audiencia de forma virtual, no presenció in situ cómo se desmoronaba el edificio de su defensa, cuestionado por la jueza por querer, en sus palabras, “transmutar el papel de victimario a víctima”. Con tono severo, Heredia desestimó a varios testigos claves de la defensa, calificando sus versiones como parte de un «realismo mágico judicial».

🔍 “Este juicio ha despertado pasiones y movilizado emociones, pero sabemos que el derecho no puede temblar ante el ruido y la justicia no se arrodilla al poder”, sentenció la jueza en un mensaje directo al país y al mundo.

Lo que ocurre hoy no es solo el desenlace de un juicio. Es un sacudón institucional, un espejo para la democracia y un llamado a revisar, sin fanatismos, las fibras más profundas de nuestra política. ¿Quién vigila al poder cuando este se cree impune? Hoy, al menos por un instante, la respuesta fue: la justicia.